El concejal Wilson Merino acudirá este jueves 16 de junio, a las 10h00, a la Corte Constitucional para presentar su pronunciamiento de lucha contra la metida de mano al bolsillo de los quiteños, una medida que considera injusta, arbitraria y desconectada del costo real del servicio.
Merino sostendrá ante los jueces constitucionales que el actual modelo de cobro perjudica a miles de familias, emprendedores, comercios y ciudadanos que hoy pagan una tasa calculada según su consumo de agua, independientemente de la cantidad de basura que generan. A su criterio, esta fórmula convertiría el cobro en un mecanismo desproporcionado que rompe con los principios legales que deben regir las tasas municipales.
Merino fue el único concejal que se opuso a la ordenanza en diciembre del 2025 en el Concejo Metropolitano, quien, además, advirtió, antes de su aprobación, sobre los riesgos jurídicos y técnicos de imponer un esquema que no guarda relación directa con el costo efectivo de la recolección de residuos.
Ante la Corte, el edil entregará actas, informes y documentos oficiales que evidencian que sus advertencias fueron planteadas oportunamente y que la actual controversia pudo haberse evitado si se hubieran atendido las observaciones realizadas durante el debate de la norma.
El concejal solicita que la Corte Constitucional declare inconstitucionales las normas que permiten cobrar la tasa de recolección de basura en función del consumo de agua potable, por considerar que este mecanismo desnaturaliza la figura jurídica de la tasa y vulnera principios fundamentales de proporcionalidad, equidad y recuperación real de costos.
Con la incorporación de estos argumentos y pruebas, la Corte Constitucional entrará en una etapa clave de análisis. Los jueces deberán revisar la documentación técnica que dio origen a la ordenanza, evaluar las posiciones de quienes defienden y de quienes cuestionan la medida y continuar con la sustanciación de la causa.
La decisión que adopte la Corte podría marcar un precedente de alto impacto para los contribuyentes de Quito, al definir si es constitucional que un servicio como la recolección de basura se cobre utilizando como referencia el consumo de otro servicio completamente distinto, como el agua potable.
La comparecencia de Wilson Merino busca que la voz de los ciudadanos afectados llegue directamente al máximo órgano de justicia constitucional del país y que se abra la puerta a una revisión de un cobro que hoy genera cuestionamientos legales, técnicos y ciudadanos.
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